El Gobierno dio ayer el pistoletazo oficial de salida al plan de financiación del pago a proveedores por parte de los ayuntamientos, llamado a aliviar, aunque sea parcialmente, las acuciantes necesidades de liquidez de las empresas españolas.

Lo importante ahora es que dichos pagos se materialicen con rapidez.

Alrededor de 450.000 pymes han sucumbido a la crisis en los últimos años, una violenta destrucción de tejido empresarial a la que ha contribuido de forma significativa la morosidad de las administraciones públicas, de cuya desastrosa gestión han terminado siendo paganos autónomos y empresas. Pese a la inyección de dinero fresco que supondrá este plan extraordinario, financiación por la que los ayuntamientos deberán pagar a la banca un interés cercano al 6%, superior al previsto y que les costará digerir, su eficacia se antoja limitada, toda vez que apenas la mitad de las entidades locales que se han adherido al plan han superado el examen de Hacienda, mientras que 2.000 consistorios ni siquiera han presentado planes de ajuste, requisito previo para acceder a las líneas de crédito.